Según consta en el escrito de acusación, al que tuvo acceso Europa Press, la procesada inició en fecha no concretada una relación con Rafael R.Z., de 82 años, que en 2004 empezó a padecer trastornos mentales que implicaban un deterioro de sus facultades mentales. De esta circunstancia, según el relato fiscal, se aprovechó la acusada, que consiguió que el 20 de septiembre de 2004 Rafael R.Z. le otorgara poderes para que ésta pudiera vender libremente y en las condiciones que considerara oportunas una vivienda propiedad del anciano.

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